Por Equipo de CS
"Nos damos cuenta que todos los Pueblos Indígenas tenemos las mismas causas, los mismos sufrimientos. Eso qué quiere decir. Que en todos nuestros países se están vulnerando nuestros derechos colectivos y derechos individuales como personas y como Pueblos". - Arthur Francis Cruz Ochoa (Huitoto Murui), defensor Indígena del noreste de la Amazonía, donde resiste junto a su comunidad Centro Arenal, con alrededor de 200 habitantes, la tala ilegal en sus bosques, tráfico y despojo de tierras,, contaminación y la instalación de proyectos con graves violaciones a los derechos de los Pueblos Indígenas. Arthur es integrante de la Federación de Comunidades Nativas del Río Nanay (FECONARINA) y nos acompañó en este 2o. Encuentro organizado por Cultural Survival del 5 al 8 de octubre de 2023 en Jo’(Mérida), Yucatán, México, para reflexionar sobre experiencias y visiones en torno al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), un conjunto derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas, reconocidos en convenios y declaraciones internacionales. 40 defensores Indígenas del territorio, provenientes de la Península de Yucatán y otras regiones de México, Costa Rica y Perú, y pertenecientes a los pueblos Ayuujk, Binnizá, Bribri, Chontal, Maijuna, Maya, Murvi Buee, Nahua, Ñuu Savi, Otomí, Purépecha, Tzotzil y Tseltal, estuvieron presentes.
El CLPI se deriva de artículos inscritos en varios acuerdos internacionales vinculantes, alcanzados a través de la lucha histórica de los Pueblos Indígenas. Principalmente, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconocen en primer lugar el derecho de los Pueblos a determinar y elaborar colectivamente sus prioridades y estrategias para el desarrollo y para la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos. En virtud de este derecho, los Pueblos Indígenas también pueden determinar libremente su estatus político y cómo desean que sea su desarrollo cultural y social, además del económico.
Eso en lo que refiere la libre determinación Indígena y por ello, como consecuencia, los Estados están obligados a no violar la autonomía Indígena y deben celebrar consultas y cooperar de buena fe con los Pueblos Indígenas por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de dar a conocer ampliamente antes de aprobar cualquier proyecto, medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente o a sus tierras, territorios y recursos. Esto particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos, petroleros, energéticos o de otro tipo.
Arthur Francis (Huitoto Murui) explicó que los derechos que constituyen el CLPI son usados como “herramienta para la defensa territorial” entre las comunidades Huitoto del Amazonas. Enfatizó: “con la consulta previa hemos parado muchos proyectos. A veces hay que usar esta herramienta, pero pensando bien cómo lo hacemos. Además, el hecho de que pidamos consulta previa no quiere decir que estamos aceptando”.
Aunque las herramientas legales como la consulta han sido fundamentales para la defensa del territorio, lengua y cultura Indígena, en la generalidad de las circunstancias, las instituciones estatales no son respetuosas de los derechos de los Pueblos y más bien lo contrario, alertaron varixs compañerxs en el Encuentro.
“El Estado nos coloca como menores de edad. [Dicen] que somos sujetos de consulta, sujetos de que dialoguen con nosotros, [pero] son derechos que no se reconocen. Si nosotros nos paramos sobre la base de la autonomía y de la libre determinación no vamos a estar esperando a que el Estado llegue y nos consulte, lo que llega de afuera no lo estamos pidiendo nosotros, no son proyectos que hagan desde nuestras perspectivas, no están basados en nuestras necesidades. A los niños se les transmite que en Magú la máxima autoridad es la asamblea comunitaria”, dijo durante el Encuentro Berenice Sánchez (Otomí), de la comunidad Otomí Nacazcahuacán o San Francisco Magú, en el actual Estado de México. Desde 2011, Berenice y su comunidad han luchado contra la usurpación de bosques y la construcción de hoteles en ellos, logrando detener megaproyectos y ser reconocidxs como un Pueblo Indígena, cosa que el Estado mexicano se había negado a hacer desde siempre.
Berenice también expresó junto a otrxs compañerxs que los Pueblos Indígenas han alcanzado el reconocimiento de sus derechos a través de la organización y la resistencia colectiva, nunca como concesión de los Estados. Lo han hecho además a lo largo de siglos, resistiendo primero ante la colonización europea y luego frente a los estados nacionales.
Hoy muchos Pueblos y comunidades Indígenas resisten y exigen su autonomía en contextos de imposición y violencia del Estado, del crimen organizado y de las corporaciones. Además, usualmente las comunidades Indígenas son divididas por los partidos políticos y por ello, en muchos casos, los procesos de autonomía han iniciado a partir de la expulsión de los mismos: “En Chilón comienza el gobierno comunitario por lo mismo que se vio que los partidos políticos apoyan a los intereses de los capitalistas y entonces como una forma de defender nuestro territorio es formar nuestro Gobierno Comunitario”, expuso Pascuala Vásquez Aguilar (Tseltal), vocera del Consejo de Gobierno Comunitario del municipio de Chilón en Chiapas, México.
También escuchamos la experiencia de las comunidades que forman parte del Consejo Supremo Indígena de Michoacán y que a través de la lucha lograron constituir y fortalecer sus autogobiernos. Gracias a la realización de varias consultas, consiguieron su autonomía financiera y administrativa, pudiendo ejercer directamente el presupuesto estatal, de acuerdo con Pavel Ulianov Guzmán (Purépecha), vocero del Consejo.
A pesar de esta experiencia exitosa, Pavel mismo expuso que “hay diferentes tipos de autonomías, no se puede hablar solamente de una autonomía”. En el caso de las comunidades Indígenas de Michoacán, la autonomía se ha logrado a través de procedimientos jurídicos que se han ganado a favor de los Pueblos, aunque también existen las “autonomías en los hechos o autonomías sin permiso de nadie”.
En su intervención, el abogado e historiador Francisco López Bárcenas, (Ñúu Savi/Mixteco), experto en la historia de las luchas agrarias y los derechos Indígenas en México, resaltó que la consulta debe ser a los pueblos y no sólo a sus autoridades; además, debe hacerse con procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas. En todo caso, la cuestión más importante para la autonomía de los Pueblos y comunidades Indígenas, recalcó Francisco, está en poder “ejercerla de facto”. “Después se pueden encontrar las maneras para avalarla”, pero en tanto el Estado litigue contra los pueblos, nosotrxs “debemos apostar por el sujeto colectivo con o sin aval de la ley”.
Además de la violencia y atropellos de las instituciones estatales, es común observar, al menos en América Latina (especialmente en el caso de México), que incluso cuando los Estados buscan cumplir con el procedimiento para obtener el Consentimiento de los Pueblos y comunidades Indígenas, lo reducen a la implementación de consultas que no responden a la iniciativa o interés de los Pueblos sino que se convierten en una herramienta para materializar proyectos extractivistas en los territorios Indígenas.
“Nos someten a obedecer leyes que nosotros no hacemos; entonces yo creo que si seguimos esperanzados en una autonomía y autodeterminación tenemos que reflexionar que antes de someternos a las leyes sobre qué vamos a hacer, las leyes son insuficientes para ganar nuestros casos; decíamos ayer que la consulta es una trampa, son procesos que desgastan al movimiento, a la gente". - Pedro Uc (Maya), quien es parte de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, una asamblea itinerante de diferentes comunidades de la Península de Yucatán que ven afectado el territorio Peninsular por megaproyectos implementados por empresas “que al clásico modo conquistador llegan a arrebatar nuestras tierras para desarrollar su negocio”.
El Colectivo de Semillas Much Kanan I’inaj (Juntos cuidamos las semillas), organización de campesinos Maya que viene luchando desde al menos 2014 contra la soya transgénica, los monocultivos y el glifosato en Quintana Roo, advirtió que el Estado se acerca a las comunidades sin ninguna garantía de respeto a los derechos de los Pueblos y enfatizó: “cuando se llega a la consulta es para perderla”. Por eso muchos Pueblos optan por tomar medidas autodeterminadas, como las declaraciones de territorios libres de minería (o de megaproyectos); este es el caso de los Pueblos Chontales de Oaxaca, que no buscaron ser consultados por el Estado, sino que respetara su libre determinación, según nos contó el abogado Armando de la Cruz Cortés del Pueblo Indígena Tzamé (Chontal), quien estuvo presente en representación de la organización Tequio Jurídico. En su territorio ancestral se desarrolla el Corredor Interoceánico, un megaproyecto de grandes obras de infraestructura que busca instalarse a lo largo del Istmo de Tehuantepec, una zona más estrecha que la del Canal de Panamá, entre los océanos Pacítifco y Atlántico. En esa misma región están vigentes 315 concesiones mineras, lo cual entre otras cosas ha ocasionado numerosos conflictos socioambientales.
Armando de la Cruz (Chontal) narró cómo, frente a esa situación, a través de actas comunales, varias comunidades del Pueblo Chontal declararon sus territorios, situados entre Chiapas y Oaxaca, prohibidos para la minería. "Nosotrxs no queremos consulta. Lo que queremos es que se respeten las actas comunales de territorios prohibidos para la minería como un ejercicio de libre autodeterminación Indígena, de autonomía", dijo.
Una reflexión recurrente en el Encuentro fue que, tanto para las consultas como para las medidas libremente determinadas de los Pueblos, es necesaria una organización comunitaria fuerte que pueda construir y sostener las decisiones de las comunidades frente a las acciones estatales o empresariales. En este sentido, la consulta no es el fin, sino un medio para lograr el respeto de los Derechos Indígenas.
“Debemos educar para que los jóvenes salgan, aprendan, pero regresen, debemos educar en cómo ser y hacer comunidad”, dijo también Armando (Chontal) y agregó que, frente a las amenazas hacia nuestros territorios, es importante fortalecer el tejido social mediante propuestas desde el sentir comunitario. Por ejemplo, impulsar nuestros propios proyectos económicos, socializar la información, generar mecanismos de comunicación al interior de las comunidades, fortalecer la participación de todos y todas y formar a las nuevas generaciones, pues son ellxs quienes defenderán el territorio en el futuro. Todo esto además de crear organizaciones, movimientos, luchas y asambleas comunitarias Indígenas independientes del Estado y de fortalecer y propiciar la participación amplia de las mujeres.
Varixs participantes también expresaron que es importante rescatar la memoria histórica de nuestros pueblos, fortalecer nuestras lenguas, las historias orales, mostrar que aún después de la colonización existimos como Pueblos y tenemos nuestras propias formas de vida y de organización. Por ejemplo, Lesner Figueroa, Indígena Bribri de Costa Rica, comentó: “Como Pueblo Bribri no tenemos ninguna influencia con las cuestiones religiosas de ningún tipo, el cristianismo no tiene que ver con nosotros. Nosotros conservamos parte de nuestra espiritualidad, nosotros tenemos un creador que se llama Sibú que, en traducción, podría ser ‘dios’, pero también es una mala traducción. Él es el creador de las semillas, es decir, de los clanes”.
Este 2o. Encuentro tan enriquecedor para quienes participamos en él, dejó conclusiones que pensamos pueden ser útiles para otras experiencias de defensa del territorio y de los modos de vida de los Pueblos Indígenas. Como hemos dicho antes, la autodeterminación de los Pueblos es el principio fundamental en la defensa de sus territorios, cultura, lenguas y gobiernos. Para que ese principio se ejerza efectivamente, es de suma importancia contribuir al fortalecimiento de la organización comunitaria. Si en lugar de esto se pone a las consultas en el centro, sin comprenderlas como parte constitutiva de una serie de derechos igualmente o incluso más importantes, se corre el riesgo de que avancen los intereses de los Estado o de las empresas en detrimento de los territorios y la autonomía Indígena.
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