Por Katya Yegorov-Crate (CS intern)
Ecuador lleva casi dos semanas en un paro nacional convocado y liderado por organizaciones Indígenas, sindicales y sociales. Las manifestaciones en todo el país son las consecuencias del fracaso del gobierno ecuatoriano para abordar los problemas preexistentes que se han visto exacerbados por la pandemia de COVID-19 y las fallidas políticas neoliberales del presidente Guillermo Lasso, que han impuesto cargas económicas aún mayores a las poblaciones más vulnerables de Ecuador: los Pueblos Indígenas, Pueblos Afrodescendientes y comunidades rurales. Las comunidades Indígenas enfrentan déficits en atención médica, educación y seguridad laboral al mismo tiempo que defienden sus tierras ancestrales de la minería ilegal y la extracción destructiva de recursos fomentada por las políticas de Lasso.
“El movimiento de los Pueblos Indígenas no ha sido escuchado por el gobierno ecuatoriano en temas específicos como educación, salud y economía. En respuesta a esto, llevamos a cabo esta movilización nacional. Han sido 16 días en los que hemos recibido mucha violencia por parte de las Fuerzas Armadas y Fuerza Pública. Nuestras voces no han sido escuchadas y la prensa comunitaria no ha sido respetada. El 24 de junio, varias personas fueron golpeadas, heridas y detenidas. Sin embargo, estamos de pie en esta lucha, en resistencia a esta situación de crisis en el Ecuador”, afirmó Indira Vargas (Kichwa) de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), una organización regional y socia del Fondo Guardianes de Cultural Survival, dedicado a la defensa y legalización de los territorios Indígenas y la protección de sus recursos naturales.
El 13 de junio de 2022, luego de un año de diálogos y negociaciones infructuosas entre el gobierno de Lasso y las organizaciones Indígenas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), con el respaldo de varios movimientos sociales, convocó a movilizaciones regionales en todo el país. Las movilizaciones son impulsadas por la imposición de políticas gubernamentales que han resultado en la intensificación de la pobreza, reducción del presupuesto general del Estado para los sectores de salud y educación, disminución de las políticas de igualdad social, aumento de la inestabilidad y la violencia en múltiples áreas, imposición agresiva de políticas y actividades extractivas y la violación de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas y los derechos de las comunidades afrodescendientes. Estas comunidades se han visto afectadas negativamente de manera desproporcionada por la inflación, el aumento de los costos del combustible y las medidas de austeridad, como aumentos de impuestos y recortes de gastos. CONAIE está pidiendo reformas económicas que aborden la creciente desigualdad en Ecuador, un país que aún lidia con la devastación económica causada por la pandemia.
La frustración provocada por la inflación vertiginosa ha servido como ímpetu para protestas masivas en Ecuador en el pasado. Esta vez, la CONAIE exige que se reduzcan los precios de los combustibles, que están aumentando exponencialmente tras el fin de los subsidios de la era Covid, se apliquen controles de precios a los productos agrícolas y se establezcan mayores presupuestos para la educación. La organización ha presentado una lista de diez demandas para que el gobierno ecuatoriano cumpla:
1. Establecer un límite al aumento de los precios de los combustibles e implementar subsidios para los sectores vulnerables.
2. Suministrar alivio de la deuda y ayuda económica, imponer una moratoria mínima de un año sobre desalojos y ejecuciones hipotecarias.
3. Establecer precios justos en los productos agrícolas en tres regiones del país para que millones de pequeñas y medianas granjas puedan continuar produciendo de manera sostenible; subsidio agrícola; y la no suscripción de Tratados de Libre Comercio que destruyan la producción nacional.
4. Implementar fuertes derechos laborales con inversión pública y políticas sociales para combatir la precariedad laboral y la libertad sindical.
5. Derogación inmediata de los Decretos Ejecutivos 95 y 151, que tienen como objetivo ampliar proyectos mineros e incrementar la producción petrolera en territorios Indígenas; realizar auditorías y distribución de reparación integral por impactos socioambientales causados por proyectos extractivos.
6. Honrar los 21 derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, como el derecho al bilingüismo; educación intercultural, justicia Indígena, acceso al Consentimiento Libre, Previo e Informado y autodeterminación.
7. Detener la privatización de sectores estratégicos críticos como salud, transporte y energía hidroeléctrica.
8. Implementar políticas de control de precios para evitar la especulación de precios en las cadenas de supermercados.
9. Promulgar la reforma de salud y educación. Abordar las preocupaciones presupuestarias críticas para los hospitales; experimentando escasez de personal y suministros. Garantizar a los jóvenes el acceso a la educación superior y una mejor infraestructura en las escuelas, colegios y universidades públicas.
10. Garantizar la seguridad, la protección y la creación de políticas públicas efectivas para controlar la ola de narcotráfico, violencia, secuestro y crimen organizado que se ha incrementado en el Ecuador.
Katy Mochao (kichwa), miembro del equipo de comunicaciones de CONFENIAE afirma: “Estamos firmes en nuestra lista mínima de 10 demandas, que no resuelve todos los problemas pero es un paso importante para garantizar condiciones de vida dignas. El mensaje a la comunidad internacional es romper el circo mediático y unirse y solidarizarse con nuestra lucha. No somos nada de lo que dice el gobierno. Somos personas que hemos venido a protestar pacíficamente por cuestiones fundamentales, por tener condiciones mínimas para una vida digna”.
Los líderes Indígenas han propuesto esta lista de demandas a Lasso para atender sus necesidades esenciales y respetar sus derechos legalmente establecidos de rechazar proyectos extractivos que arruinan sus tierras y fuentes de agua. Numerosas organizaciones, como La Vía Campesina ––un movimiento internacional en el que participan cinco organizaciones campesinas e Indígenas ecuatorianas–– han apoyado esta petición, calificándola de “...justa, en un momento en que, según estadísticas oficiales, 5 de de 10 personas en el Ecuador que viven en el campo se encuentran en situación de pobreza y 3 de cada 10 en pobreza extrema. Esta es una dura realidad que atraviesan los campesinos y pueblos y naciones Indígenas, así como las poblaciones rurales del campo; aquellos que han sido directamente afectados por las políticas de libre comercio que ha implementado el gobierno bajo la presión del FMI y otros organismos internacionales”.
“Pedimos que se garanticen nuestros derechos Constitucionales, el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado, y que (Guillermo Lasso) cumpla su palabra contra la minería y el petróleo”, dice Leonidas Iza Salazar, Presidente de la CONAIE.
Los manifestantes han construido barricadas para desconectar las principales rutas a Quito, la capital. Los manifestantes y las fuerzas armadas y la policía antidisturbios chocaron, provocando una mayor interrupción de los suministros. Desde el inicio de esta movilización, la respuesta del gobierno de Lasso ha sido estigmatizar, reprimir y criminalizar a los manifestantes, lo que ha derivado en numerosas violaciones de derechos humanos, privación de libertades de líderes y manifestantes, detenciones ilegales y uso desproporcionado de la fuerza violenta. por agentes de seguridad del estado. El 14 de junio, Leonidas Iza Salazar (Kichwa Panzaleo), presidente de CONAIE, fue detenido y puesto en régimen de aislamiento antes de que dos jueces declararan legal el arresto de Iza y desestimaran numerosos actos de violencia y violaciones de derechos perpetrados en su contra. El futuro de Iza sigue sin estar claro mientras espera un juicio por el delito de “paralización de un servicio público” fijado para el 4 de julio. Desde el 14 de junio, la Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador ha documentado 79 detenciones, 55 heridos y 39 incidentes de violaciones de derechos humanos. incluido el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, los ataques contra periodistas y el hostigamiento de las organizaciones de la sociedad civil.
El 17 de junio, Lasso emitió el Decreto Ejecutivo 455, que faculta al presidente a movilizar a las fuerzas armadas para “mantener el orden”, suspender los derechos civiles y hacer cumplir el toque de queda. El decreto declaró el estado de emergencia en varias provincias, incluidas Cotopaxi, Pichincha e Imbabura, y suspendió efectivamente la libertad de asociación, reunión y circulación durante 30 días. Además, el decreto convirtió a Quito en una “zona de seguridad” bajo la supervisión de las fuerzas armadas, quienes tenían la tarea de “mantener el orden” junto con la policía nacional durante las protestas.
El arresto de un líder influyente del Movimiento Indígena en Ecuador como Ioes Iza, es una clara indicación del objetivo de la administración Lasso de herir gravemente y desalentar al movimiento. Anteriormente, cuando Lasso se negó rotundamente a ceder ante las demandas de los manifestantes, el presidente y las agencias gubernamentales perpetuaron la narrativa de que los daños a la propiedad son más violentos que el impacto de la hambruna en todo el país y la brutalidad policial. La promulgación del estado de emergencia en varias provincias; ocupación policial de la Casa de la Cultura, institución que defiende la libertad de expresión y que ha protegido históricamente a los movimientos sociales durante las protestas; y las declaraciones televisadas del presidente acerca de que “llamó al diálogo y la respuesta fue más violencia. No hay intención de encontrar soluciones”...todo ello perpetúa la afirmación del Estado de que el Movimiento Indígena tiene la intención de dar un golpe de Estado. Además, el gobierno está difundiendo información errónea de que las manifestaciones han sido infiltradas por organizaciones criminales. Las afirmaciones de la administración Lasso de que su disposición a la mediación y el diálogo se ha enfrentado con la falta de voluntad y la violencia del otro lado ignoran descaradamente el hecho de que las organizaciones Indígenas se han estado reuniendo con la administración durante el último año sin éxito. Iza se había reunido con el presidente Lasso varias veces durante el último año y cada reunión había terminado con promesas vacías.
En la actualidad, Lasso solo ha abordado parcialmente las demandas de los manifestantes, anunciando planes para subsidiar los costos de fertilizantes para pequeñas y medianas empresas agrícolas, perdonar préstamos vencidos por valor de hasta $ 3,000 y limitar el costo del diésel. Si bien estos planes pueden presentar una imagen de compromiso, son inaceptables, ya que los precios del combustible seguirán estando por encima de lo que buscan los manifestantes y la condonación de préstamos es demasiado limitada. El 23 de junio, las fuerzas de seguridad se retiraron de la Casa de la Cultura, permitiendo que los manifestantes la reanudaran. Sin embargo, violentos enfrentamientos nocturnos, varios incidentes en la tarde del 24 de junio y el apoyo de Iza a los intentos de sacar a Lasso han reavivado las tensiones. CONAIE se reunió el viernes para evaluar más a fondo la respuesta del gobierno a su petición.
Los líderes Indígenas exigen la remoción de las fuerzas de seguridad y el fin de las medidas especiales aplicadas en seis provincias antes de discutir la lista de demandas de la facción que protesta. La continua represión de las manifestaciones por parte de las autoridades, y los recientes intentos de Lasso de desacreditar a Iza, y sus continuas afirmaciones de que las fuerzas de seguridad “actuarán con las medidas necesarias para defenderse bajo la ley”, no han impedido que el Movimiento Indígena de todo el país se una en solidaridad y responda de vuelta. La movilización es un derecho legítimo de protesta. Esta criminalización de la protesta social infringe los derechos de las comunidades Indígenas que buscan combatir la inseguridad de las condiciones de vida, el empleo y las explotaciones extractivas que ponen en peligro su salud, sus tierras y sus medios de vida. Los líderes Indígenas acordaron reunirse con el gobierno para discutir las demandas de precios más bajos del combustible y los alimentos.
Cultural Survival se une a organizaciones como Amnistía Internacional, Amazon Frontlines y La Vía Campesina para expresar nuestro pleno apoyo a los Pueblos y Naciones Indígenas y Afrodescendientes de Ecuador y exigir que el Estado:
- Respete la movilización como derecho legítimo de protesta y libertad de expresión.
- Cumpla con las demandas y la petición de diez puntos presentada por la CONAIE.
- Garantice el respeto y protección a la autodeterminación y los derechos de los Pueblos Indígenas en el Ecuador.
- Garantice los derechos de Leonidas Iza Salazar y proteger su vida y salud.
- Observe las leyes nacionales e internacionales de derechos humanos de manera equitativa, justa e imparcial.
- Que cesen y se abstengan de criminalizar y perseguir a las personas defensoras de derechos humanos, tierras y territorios.
Sea parte de estas acciones a través de lo siguiente:
Firme la carta "Proteger el derecho a protestar de los Pueblos Indígenas" de Amazon Frontline
Escriba un llamamiento al presidente Guillermo Lasso
Firme el formulario “Violación de Derechos en Ecuador y Criminalización de la Protesta Social”.
Todas las fotos por Indira Vargas, Lancera Digital y CONFENIAE.
