En octubre de 2023 Cultural Survival presentó un informe alternativo al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial junto con Qhana Pukara Kurmi, una asociación de Ayllus y comunidades Indígenas Originarias del departamento de Oruro, en Bolivia. El objetivo de este informe es dar a conocer las violaciones de derechos que sufren las comunidades quechua del Ayllu Acre Antequera para que los miembros del Comité pudieran tener esta información en cuenta durante su 111 sesión que tuvo lugar del 20 de noviembre al 8 de diciembre de 2023.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial es un órgano de las Naciones Unidas conformado por expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial por parte de los Estados miembros de la ONU que son firmantes de la convención.
El 8 de diciembre de 2023 el Comité publicó las observaciones finales de la sesión de revisión de Bolivia, documento en el cual se incluyen recomendaciones específicas sobre cuestiones a mejorar y dar seguimiento por parte del gobierno. El documento contenía 29 recomendaciones relacionadas con Pueblos Indígenas de un total de casi 80 recomendaciones, lo cual indica que los expertos consideran que las violaciones de derechos de Pueblos Indígenas son un problema grave y continuo. Algunas de las mencionadas fueron:
- La necesidad de concretar una ley nacional y protocolos para implementar el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) en consulta con Pueblos Indígenas
- Garantizar las consultas para obtener el CLPI en particular en actividades de prospección y exploración minera y de la concesión de licencias para proyectos de infraestructura, explotación minera, de gas o petróleo
- La realización de estudios independientes sobre el impacto social, ambiental y de derechos humanos
- Garantizar que los Pueblos Indígenas reciban compensación por daño o pérdida y obtengan beneficios de dichas actividades.
En la sección sobre CLPI el Comité hizo mención específica a la situación de nuestras comunidades socias indicando:
“El Comité observa con preocupación que el marco normativo vigente sobre consulta previa es sectorial, fragmentado y no garantiza los estándares internacionales y regionales sobre el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y el Pueblo Afroboliviano. Asimismo, le preocupan las alegaciones sobre la concesión de licencias para la explotación minera, de hidrocarburos y el desarrollo de proyectos de infraestructura, con potencial de contaminación del suelo e impacto en los medios de vida tradicionales de estos pueblos, sin celebrar sistemáticamente consultas con el fin de obtener el consentimiento libre, previo e informado de las poblaciones afectadas. El Comité expresa su preocupación ante las alegaciones de la violación al derecho constitucional de consulta previa en el Ayllu Acre Antequera.”
Las grandes explotaciones mineras de la región árida del Altiplano, en el oeste de Bolivia, están teniendo efectos devastadores para los Pueblos Indígenas de la zona. El Ayllu Acre Antequera está conformado por ocho comunidades quechua (Chapana, Antequera, Charcajara, Huacuyo, Queaqueani Grande, Queaqueani Chico, Totoral Grande y Totoral Chico) con un total de 3264 habitantes. Las comunidades del Ayllu están situadas en la parte oriental de la provincia de Poopó, en el departamento boliviano de Oruro, que históricamente ha sido una importante región minera, especialmente de plata. Actualmente conviven con la mina Bolívar, que extrae plata, zinc y plomo. La mina es propiedad conjunta de una empresa canadiense, Santa Cruz Silver Mining Ltd. (a través de las filiales Illapa y Sinchi Wayra), y del gobierno boliviano a través de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).
El agotamiento no mitigado del agua y la contaminación ambiental causados por la actividad minera en Oruro están perjudicando a los Pueblos Indígenas que viven en la zona. En una región de por sí árida, la mina utiliza 800 mil litros de agua por día y expulsa 80 litros de aguas residuales por segundo al río Antequera, lo cual es mucha más agua de la permitida en su contrato de arrendamiento. Por otro lado, gran parte del agua que queda ha sido contaminada por la mina y no es potable ni apta para consumo humano, animal o cultivos. Informes técnicos constatan la presencia de arsénico, plomo, cadmio, zinc y sulfatos de cianuro en este territorio excediendo los niveles máximos permitidos en Bolivia lo cual puede provocar graves problemas de salud en las personas que habitan los territorios contaminados.
Este uso desmedido de aguas subterráneas para las operaciones mineras ha hecho que las ocho comunidades se hayan visto afectadas por falta de agua para consumo humano y para animales, llegando al punto de que muchas familias se han tenido que deshacer de sus ganados camélidos y ovinos porque es muy difícil mantenerlos ya que los pastizales están secos y la tierra está árida. Este ganado es de vital importancia para el sustento de las familias y su desaparición supone un impacto destructivo en la soberanía alimentaria y económica de las comunidades.
A raíz de esta escasez de agua y la contaminación de la que queda, muchas de las comunidades Indígenas que han vivido tradicionalmente en la zona se han visto obligadas a abandonar sus tierras. A día de hoy, la destrucción de los territorios ha avanzado tanto que las comunidades se están confinando en territorios intentando escapar de la contaminación para poder acceder al agua y producir abastecimiento. Sin embargo, estos territorios son cada vez más pequeños y los habitantes no pueden sustentarse con los pocos recursos naturales existentes. Es una confinación dirigida a extinguir a una parte del grupo étnico y forzar su expulsión.
Las personas que deciden quedarse e intentar proteger sus derechos a la tierra y al agua testifican que se sienten amenazadas y observadas por la empresa a menudo. Si reclaman algo son amenazadas con procesos penales o con despedir a familiares que trabajan en la mina. A lo largo de los años han enfrentado varios episodios de ataques o amenazas por defender sus derechos y su territorio. Varios de sus líderes han sufrido ataques físicos y enfrentan persecución judicial penal, generando una campaña de terror dirigida a la población Indígena que se niega a abandonar sus tierras. Desde el 2018 existen al menos cuatro denuncias en contra de autoridades o comunarios de las comunidades Indígenas que conforman el Ayllu por la defensa de su territorio.
El 15 de mayo de 2022 habitantes del Ayllu Acre Antequera comenzaron una vigilia pacífica como medida de presión en contra de la empresa minera. Tras casi un mes de vigilia se convocó una reunión con las autoridades del departamento de Oruro, quienes se comprometieron a realizar inspecciones medioambientales que nunca sucedieron. El 29 de junio las personas que esperaban en la vigilia noticias de la reunión fueron sorprendidas por un grupo de aproximadamente 1200 trabajadores y miembros de los sindicatos mineros, quienes irrumpieron de forma violenta la vigilia con explosión de dinamita, agrediendo físicamente a las mujeres y bajo amenazas de muerte y de agresiones sexuales. Posterior a esto, procedieron a robar enseres personales de valor y luego a quemar dos puestos de vigilia, quemando los símbolos sagrados de las autoridades Indígenas. A día de hoy, las mujeres víctimas del ataque y de las amenazas no han retornado a su territorio con sus familiares por los riesgos contra su integridad física. Ante estos hechos, varias personas de la comunidad presentaron denuncias que no muestran ningún avance y por las cuales las denunciantes tienen miedo a sufrir represalias.
A raíz de la contaminación del agua y los territorios se han destruido todas las dimensiones de vida tradicional Indígena, la estructura social, identidad cultural y economía tradicional. La migración forzada que supone la devastación del territorio separa a los jóvenes de los ancianos de la comunidad, previniendo así la participación en actividades culturales compartidas y la herencia del conocimiento cultural. Además, la disminución de la tasa de natalidad en el seno de la comunidad atenta contra la transmisión de la cultura. Todos estos impactos representan un riesgo de extinción cultural permanente.
Además de estas violaciones de derechos, también se ha violado flagrantemente el derecho a dar o negar su Consentimiento Libre, Previo e Informado que tienen los Pueblos Indígenas por estándares internacionales para cualquier actividad que se realice en su territorio o cualquier medida que les afecte. El contrato para la explotación del proyecto minero Bolívar se dio sin tener en cuenta este proceso y sin establecer interacción alguna con las ocho comunidades a las que afecta.
Cultural Survival, junto con las comunidades socias, monitoreará de cerca que se cumplan todas las recomendaciones relevantes que hizo el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial con el fin de asegurarnos de que el Estado de Bolivia respete los derechos de los Pueblos Indígenas, incluyendo su derecho a dar o negar su consentimiento para usar sus tierras, no ser desplazados por motivo de la grave contaminación de estas y no ser amenazados a causa del ejercicio de defensa de sus territorios.
Pueden leer el informe completo y todas las recomendaciones aquí.
